La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de agrupaciones sociales.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, donde miles de personas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios que recibían del Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.

«No nos imaginamos que iba a ser un aluvión de denuncias, ahora tenemos más de 140 mil llamadas. Hemos escuchado las denuncias y simplificado los relatos de la gente y ya pusimos 6138 casos en conocimiento de la justicia», comentó en Cadena 3 el letrado patrocinante de la ministra de Seguridad, Fernando Oscar Soto.

Y explicó que se denunciaban tres cosas: que las obligan a marchar y si no asisten los castigan con sacarles el plan; además les cobran por mes desde el plan; y otra de las cosas que dijeron fue que a la tercera falta los castigaban con sacarles la comida, entre otras cosas.

En ese sentido, Soto consideró que «esta investigación debe estar apoyada por el Gobierno», ya que «esto hace a la seguridad y libertad de los ciudadanos».

Además, dijo que Capital Humano hizo una auditoría para ver cómo se distribuía la comida otorgada por el Gobierno «y encontraron que la mitad de los comedores no existían, pero a la comida se la quedaban». Y agregó: «Por eso la gente nos dice que, entre los castigos que recibían, la obligaban a venderla».

En esa línea, Soto juzgó que «no se están desarmando los comedores populares, sino que están robándole al Estado y extorsionando a la gente».

Sobre los allanamientos que se realizaron este lunes como parte de una investigación por presuntas extorsiones de dirigentes de organizaciones sociales, Soto garantizó que «se hicieron estrictamente bajo el cumplimiento de la ley».

Y amplió: «Cuando fueron había locales, baldíos; en uno de ellos había un country, donde decían que había un comedor; era tan grande la impunidad que en realidad era una decisión obvia de no controlar porque dejaban que esto suceda así». Mientras tanto, para finalizar, Soto aseguró que «la decisión política de Bullrich y Milei es llegar a fondo».

Por su parte, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cuestionó duramente los operativos y opinó que «forman parte de un plan que tiene el Gobierno de destruir a las organizaciones populares».

«Hay varias causas que esta gente intenta llevar adelante para finalmente destruir la organización popular porque la idea es limpiar los barrios populares para que le quede libre al narcotráfico», lanzó. Y estrictamente sobre los allanamientos, manifestó que «es una barbaridad increíble», y cuestionó que «el allanamiento al local central del Polo Obrero se hizo una vez que apagaron las cámaras que tenemos allí por seguridad».

Entrevista de Siempre Juntos.   Cadena 3.